Una investigación del periodista Laureano Barrera documentó la extracción de nueve millones de toneladas de recursos marinos en las Islas Malvinas desde 1989 y expuso el negocio multimillonario de las licencias ilegales en el Atlántico Sur.
El informe, publicado en Revista Anfibia, señaló que la venta de permisos a flotas extranjeras financió el 60% del presupuesto ilegítimo de las islas. También identificó empresas con operaciones simultáneas en el continente y en el archipiélago, una práctica que vulneró la Ley 26.386 sobre el régimen de pesca nacional.
El trabajo, respaldado por el Pulitzer Center, detectó al menos seis compañías en infracción a la normativa. Según la investigación, grupos económicos recurrieron a estructuras opacas para mantener ocultos a los verdaderos beneficiarios de los permisos pesqueros.
La situación también generó preocupación ambiental. El flujo migratorio del calamar en Malvinas dificultó el control de los stocks pesqueros de la plataforma continental, mientras que la falta de datos científicos precisos sobre el recurso Ilex impidió contar con información exacta sobre su estado.
La investigación sostuvo que la pesca ilegal en el Atlántico Sur privó a la Argentina de ingresos soberanos millonarios y mostró la dimensión humana del desguace de los recursos marinos.